HONDURAS DESIGNA JUEZ PARA RESOLVER SI EXTRADITA AL EX PRESIDENTE HERNÁNDEZ A ESTADOS UNIDOS

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designará hoy al juez que deberá resolver la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos contra el ex presidente Juan Orlando Hernandez, sobre quien pesan señalamientos de narcotráfico.

A esos efectos, la presidencia de la CSJ “convoca de manera urgente a los honorables magistrados a sesión del pleno” a las 9:30 locales (15:30 GMT), informa la prensa internacional.
   La residencia de Hernández, quien entregó el poder el 27 de enero a Xiomara Castro, amaneció rodeada de un fuerte contingente policial instalado desde la noche del lunes, cuando trascendió el pedido de su extradición.
   El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció en el telenoticiero TN5 que su representado estaba siendo objeto de “atropellos” al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.
   En tanto, mientras decenas de personas llegaron con pancartas para celebrar frente su residencia, en otras ciudades del país, hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen una canción que versaba “Juancho va para Nueva York”, según videos que circularon en redes sociales.
   El abogado Félix Avila, quien se identificó como miembro de la defensa de Hernández, dijo en un video que espera que el juez que sea designado tome “las decisiones conforme a lo que establece la Constitución” sobre las “extradiciones”.
   Tras entregar el poder, Hernández, conocido por sus iniciales JOH, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los ex presidentes de la región al dejar el cargo.
   Y pese a que sus abogados afirman que eso le otorga inmunidad, varios analistas señalan que carece de ese privilegio porque no goza de ese beneficio en su país.
   En cualquier caso, los estatutos de la asamblea regional indican que “a solicitud de las autoridades competentes del país”, el Parlacen “podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus Diputados”.
   El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández había sido incluido el primero de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, por lo que había ordenado “las restricciones de visa contra el expresidente (…) debido a actos corruptos”.
   Fiscales de Nueva York señalaron a JOH de tener lazos con el narcotráfico durante el juicio contra su hermano, el ex diputado “Tony” Hernández, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por ese delito.
   “Según múltiples informes de los medios, Hernández se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”, afirmó Blinken.
   Fiscales estadounidenses se refirieron al ex gobernante como “co-conspirador” y afirmaron que convirtió a Honduras en “narcoestado”.
   Hernández afirma que los Estados Unidos lo señalan sobre la base de base a “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su Gobierno.
   Al asistir a la investidura de Xiomara Castro, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, celebró el compromiso de la nueva gobernante para combatir la corrupción y la impunidad.
   Castro prometió desmantelar leyes aprobadas durante el gobierno de Hernández que disminuyeron las penas por delitos de narcotráfico y corrupción, indicó el sitio France24.com.
   El 8 de febrero pasado otro narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, fue condenado en Nueva York a cadena perpetua y una multa de 151,7 millones de dólares por enviar a los Estados Unidos “toneladas” de cocaína en connivencia con altos cargos políticos, entre ellos el ex presidente Hernández.
   Fabio Lobo, hijo del ex presidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) -del Partido Nacional, el mismo que los Hernández- fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en 2017 por ayudar a traficar 1,4 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

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