La Fundación Atlas advirtió sobre la situación de Figueroa: «Nos encontraríamos ante una ex magistrada que estaría usurpando funciones de Jueza, dado que, habiéndose cumplido el plazo límite para su jubilación no solo no se retira de las funciones jurisdiccionales que habrían expirado, sino que, además, pretendería permanecer en el cargo sin firmar sentencias».
Según sostiene la presentación: «Se trata de una actitud que podría ser obstructiva de la labor judicial, generar inseguridad jurídica y resultar en una prestación defectuosa del servicio de justicia».
Rafecas, a instancia de la fiscal Alejandra Mángano, resolvió que «las conductas denunciadas no revisten relevancia suficiente para atravesar el estricto análisis de racionalidad que habilita el ejercicio del poner punitivo del estado, el cual resulta ser excepcional».
Para ello recordó que aún está pendiente de tratamiento un pedido de reválida para Figueroa en el Senado y –según el reglamento del Consejo de la Magistratura- ello la habilita para continuar en el cargo.
Según la Fundación Atlas, Rafecas «resolvió siguiendo un apresurado y arbitrario dictamen fiscal».
Además, señaló que la desestimación es por toda la denuncia, pero solo fundamenta por qué no habría delito de usurpación, mas no se adentra en que a la jueza «no le asiste el derecho de no firmar resoluciones».
«Rafecas rechaza sin fundar ese aspecto de la denuncia», explicó uno de los referentes de la fundación, el abogado José Magioncalda.
La Fundación Apolo pidió ser querellante en sintonía con un fallo reciente de la Cámara Federal que habilitó a otra asociación civil a detentar ese rol en la causa en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner había sido sobreseída en la causa conocida como Ruta del Dinero.
La Fundación Apolo «tiene por objeto velar por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios republicanos y el respeto por las instituciones, asegurando y promoviendo el cumplimiento de las normas y valores que rigen la vida en sociedad, a nivel local, provincial y nacional e internacional».
Con argumentos similares, la Cámara Federal habilitó a la ONG Bases para ser querellante en la causa contra la vicepresidenta, pese a que nunca antes había pedido ser tenida en ese rol.
