El Tribunal Superior de Seúl dictaminó que Tokio debería pagar 200 millones de wones (154.000 dólares estadounidenses) como compensación a cada uno de los 16 demandantes, incluidas las propias víctimas de esclavitud sexual y sus familias afectadas, anulando la sentencia de una instancia judicial inferior.
En abril de 2021, el tribunal inferior desestimó una demanda de daños presentada por los denunciantes en diciembre de 2016, aludiendo a la inmunidad soberana que permite a un Estado no responder ante un pleito civil presentado en tribunales de justicia extranjeros.
El tribunal de apelaciones alegó que, bajo el derecho internacional consuetudinario, sería razonable reconocer su jurisdicción sobre el demandado Gobierno japonés.
Señaló que Japón debería pagar una compensación adecuada a las víctimas, dados los actos ilegales del acusado en el proceso de movilización de las mujeres de solaz, un eufemismo para las damnificadas que fueron forzadas a la esclavitud sexual en los burdeles militares de la entonces nación bajo la colonización de la península coreana desde 1910 hasta 1945.
Los historiadores revelan que miles de mujeres asiáticas, en su mayoría de China y la Península de Corea, fueron secuestradas, coaccionadas o engañadas para la servidumbre sexual a las tropas japonesas antes y durante la Guerra del Pacífico
