Según difundió en su red social X el propio Enríquez, la denuncia fue efectuada cuando Galmarini aún era precandidata a intendenta de Tigre, previo a las PASO, en las que finalmente fue derrotada.
Patrocinado por los abogados Luis Cevasco y Eric Natansohn, Enríquez sostuvo que «en declaraciones efectuadas el 1° de agosto, la presidenta de AYSA y candidata a intendente de Tigre admitió haber favorecido en el reparto de recursos bajo su disposición al Municipio al que se está candidateando para intendente».
En efecto, en declaraciones que publicó el diario La Nación, Galmarini reconoció que tuvo a Tigre «como prioridad».
«Uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive. Y además nosotros… debíamos el agua y las cloacas. Y siempre uno pone un poco más. Puse más el ojo, más el corazón y un poco más de recursos. Pero también es cierto que Tigre había quedado con toda la infraestructura primaria para hacer las redes secundarias», sostuvo Galmarini en aquellas declaraciones.
Según Enríquez, «resulta a todas luces evidente que tal favorecimiento no obedece de ninguna manera al ojo y al corazón de la aquí denunciada sino a mejorar -utilizando recursos públicos- su posición en términos electorales para conseguir ser electa intendente de Tigre».
Galmarini finalmente no llegó a la postulación porque fue derrotada en la interna por el actual intendente de ese distrito, Julio Zamora.
«Galmarini es funcionaria púbica por ser presidenta del directorio de AYSA, que es una empresa púbica. La utilización de fondos del Estado con fines proselitistas constituye típicamente el delito de malversación de caudales públicos», sostuvo Enríquez.
