Macri había sido procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, pero la causa pasó luego a Comodoro Py 2002 y allí la decisión quedó sin efecto.
En julio de 2022, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia determinaron que no existió espionaje ilegal sino tareas relativas a la seguridad del ex presidente durante una visita a Mar del Plata.
La fiscalía y los abogados querellantes, Luis Tagliapietra, Valeria Carreras y Mariano Bergés apelaron ese fallo ante la Cámara de Casación y el expediente recayó en la Sala integrada por los camaristas Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
La abogada Carreras recusó a Mahiques por temor de parcialidad y consiguió su apartamiento, con lo que la Sala quedó incompleta.
Entonces fue convocado un juez de otra Sala, Eduardo Riggi, pero, antes de que hubiera un pronunciamiento sobre la apelación, el magistrado renunció a su cargo para acogerse a la jubilación, tras haber cumplido 75 años de edad sin que el Gobierno pidiera su reválida en el cargo.
En reemplazo de Riggi (y de Mahiques) fue sorteado el juez Daniel Petrone, pero Carreras también lo recusó puesto que ya se excusó en otras causas por su «amistad íntima» con el ex ministro de Justicia del gobierno de Macri, Germán Garavano.
El ex ministro fue acusado en varios expedientes por el presunto «armado de causas» y la supuesta presión a jueces para forzar sus renuncias o precipitar los procesos de juicio político para que dimitieran o fueran destituidos.
Garavano declaró esta semana ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante el proceso contra los jueces de la Corte Suprema y negó cualquier irregularidad e interferencias desde su cartera hacia el Poder Judicial.
Hasta tanto no se resuelva la situación de Petrone, el tribunal estará incompleto para decidir sobre el sobreseimiento del ex presidente.
