Se trata de Osvaldo Barreñada, secretario general del gremio de trabajadores del PAMI, investigado por una supuesta gestión irregular de negocios en Seúl durante la anterior administración.
En la causa se investiga la gestión de contratos por unos 300 millones de dólares para la provisión de equipamiento médico para la obra social de los jubilados.
En el expediente también fue investigado José Cano, ex titular del Plan Belgrano, un ambicioso proyecto de infraestructura e inversiones trunco durante el anterior gobierno. La causa fue impulsada en primera instancia por el fiscal Guillermo Marijuán a partir de una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades.
Marijuán corroboró algunos datos y avanzó con la investigación, que llegó hasta esta etapa en la que Barreñada intentó que su situación fuera revisada por la Corte Suprema. Pero los camaristas de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa le cerraron el paso al declarar «inadmisible» un recurso extraordinario de apelación.
Barreñada es secretario general de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), cargo que revalidó a fines de 2021.
