La denuncia la hizo el Gobierno tras los miles de llamados que dijo haber recibido a la línea 134 en el marco la manifestación y obedecen a distintas causas que van desde el corte de calles o bien la extorsión que algunos miembros de organizaciones sociales dijeron haber recibido para que asistan a la protesta bajo amenaza de reducirle el monto del plan o quitárselo.
De los casi 16 mil llamados recibidos por el Gobierno Nacional vinculados a la manifestación ante la Justicia Federal, solo hay 200 casos vinculados a casos de extorsión, y solo ocho de ellos corresponden a llamados hechos desde la Capital Federal.
Pero además, en esos llamados en casi todos se brindan datos indiciarios como ser sobrenombres, números de teléfono pero no la identidad completa de a quienes denuncian.
Sólo en uno de esos ocho casos que corresponden al ámbito de la Capital Federal, ámbito de intervención de la Justicia Federal de Comodoro Py, se da la identidad de un «puntero» que habría extorsionado a militantes para que concurran a la manifestación.
Ahora, el fiscal que tiene a su cargo la investigación tal cual lo decidió el juez Sebastián Casanello, pedirá la totalidad de los informes al Ministerio de Seguridad y el audio de los ocho llamados que hubieron desde la Capital Federal.
La idea es que en Comodoro Py sólo se prosiga con aquellos casos de la Ciudad de Buenos Aires y que los demás se investiguen en las jurisdicciones correspondientes.
