La medida fue adoptada a través del Decreto 575/2023, rubricado por el presidente Alberto Fernández y publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Se trata de una prórroga hasta el 5 de diciembre para que la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy eleve su informe al Congreso y a la Corte Suprema.
Originalmente, la Comisión tenía tiempo hasta el 13 de noviembre para enviar sus conclusiones.
Al justificar la prórroga, el Gobierno remarcó que las tareas encomendadas obligan a que la Comisión se traslade a Jujuy, «se despliegue en varias de sus localidades y convoque a las personas afectadas para que puedan realizar la denuncia de lo que les sucedió».
Sin embargo, el viaje a la provincia norteña «no es posible llevarlo a cabo en el medio de un proceso electoral, con elecciones generales llevadas a cabo el día 22 de octubre y con el balotaje a realizarse el día 19 de noviembre».
Además, señaló que debido a que en la campaña electoral está prohibida la publicidad de actos de gobierno «la tarea de la citada Comisión en territorio jujeño en pleno desarrollo del calendario electoral podría ser interpretada como un intento de captación del voto ciudadano a favor de algunos de los candidatos o en contra de otros».
«Esa situación, además de contravenir el Código Electoral Nacional, puede deslegitimar el accionar de la Comisión en un tema tan importante como lo es las posibles violaciones a los derechos humanos cuyas denuncias la Comisión debe recabar», subrayó.
Y concluyó: «Se hace necesario establecer una prórroga del plazo estipulado de manera que la Comisión pueda cumplir con sus valiosos objetivos sin interferir en el proceso electoral».
La Comisión fue creada para recopilar denuncias de violencia institucional en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales durante los debates por la reforma de la Constitución local.
