La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por «la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez», revelaron fuentes con acceso al expediente. Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla. La causa se mantuvo abierta hasta ahora porque en cada instancia el Ministerio Público Fiscal apeló incluyendo nuevos períodos mensuales de supuesto faltante de aportes. Así, el expediente atravesó todas las instancias judiciales, desde la Cámara en lo Penal Económico hasta la Corte, pasando por la Cámara Federal de Casación Penal. La última apelación llegó a la Corte a raíz de un «recurso de queja» interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. «El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, resulta inadmisible. Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de la Nación interino, se resuelve desestimar el recurso de hecho», resolvió la Corte, por unanimidad.
