Castelli, a quien el gobierno objeta porque fue designado en el Tribunal Oral Federal 7 mediante un pase por decreto –en situación similar a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia- presentó el informe del Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán.
Ese informe, sobre la situación de Bruglia y Bertuzzi, subraya que «la garantía de inamovilidad del juez se extiende a los traslados, promociones y ascensos, que exigen el libre consentimiento del interesado».
Ese principio, explica el informe, fue establecido en el Estatuto de Juez Iberoamericano, promulgado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales de Justicia, en mayo de 2001.
El Estatuto sostiene también que «excepcionalmente, podrá establecerse en la ley la posibilidad del ascenso o traslado del juez por necesidades del servicio o modificación de la organización judicial».
Según la documentación presentada por Castelli ante la Corte, el relator de la ONU manifestó su «preocupación ante los hechos descritos pues afectarían normas internacionales relativas a la independencia de la judicatura y, en particular, al principio de inamovilidad de los jueces».
La Corte Suprema sostuvo en los casos de Bruglia y Bertuzzi que el traslado por decreto no debió haber ocurrido, pese a lo cual les permitió permanecer en funciones hasta tanto sean designados los jueces definitivos para esos cargos.
La situación de Castelli tiene aspectos diferentes y, de hecho, está pendiente en la Corte desde hace un año y medio.
Castelli insistió ante la Corte para que resuelva su situación y le pidió que «se pronuncie ahora en favor de esta parte a la luz del Estatuto del Juez Iberoamericano».
