Capaccioli está imputado y en camino a juicio oral por aquellos episodios en los que se investiga la supuesta «comercialización irregular de medicamentos y para ello la posible conformación de una asociación ilícita dedicada a la comisión de un número indeterminado de delitos cuanto menos desde el año 2005.
Según la hipótesis de la investigación, parte del dinero obtenido mediante ese mecanismo pudo haber financiado la campaña proselitista del Frente de Todos para las elecciones de 2007.
La defensa de Capaccioli, a cargo de la abogada Elena Baroni, fundamentó su pedido en un fallo de la Cámara Federal porteña, firmado por el juez Martín Irurzun, que determinó que la causa por los «aportantes truchos» para Juntos por el Cambio para las elecciones de 2017 debía tramitar ante la Justicia Electoral.
Esa causa, en la que están denunciados, entre otros, el hoy senador Esteban Bullrich y la diputada electa por la Capital Federal y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, tramita – efectivamente- ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata, después de que fuera apartado el juez porteño Sebastián Casanello.
En la causa por los «aportantes truchos» se investigan las supuestas contribuciones al financiamiento de Juntos por el Cambio de indigentes, beneficiarios de planes sociales y personas sin capacidad contributiva, que figuran en los listados pero nunca supieron que sus nombres estaban allí, ni tampoco aportaron dinero de sus magros patrimonios.
La ley de financiamiento de los partidos políticos fue reformada en 2019, previo a las elecciones presidenciales de ese año, incluyendo un artículo que sostiene que «si se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral».
El artículo añade (y sobre eso se basa el reclamo de Capaccioli) que «en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario».
El camarista Irurzun sostuvo en ese sentido que existe «un límite claro y temporal a la intervención de la justicia penal, y este es, que se haya obtenido sentencia firme en materia electoral».
El planteo de Capaccioli fue formulado ante el juez Casanello, quien tiene a su cargo un remanente de la causa por la «mafia de los medicamentos», que aún no fue elevada a juicio oral. . Capaccioli está imputado y en camino a juicio oral por aquellos episodios en los que se investiga la supuesta «comercialización irregular de medicamentos y para ello la posible conformación de una asociación ilícita dedicada a la comisión de un número indeterminado de delitos cuanto menos desde el año 2005.
Según la hipótesis de la investigación, parte del dinero obtenido mediante ese mecanismo pudo haber financiado la campaña proselitista del Frente de Todos para las elecciones de 2007.
La defensa de Capaccioli, a cargo de la abogada Elena Baroni, fundamentó su pedido en un fallo de la Cámara Federal porteña, firmado por el juez Martín Irurzun, que determinó que la causa por los «aportantes truchos» para Juntos por el Cambio para las elecciones de 2017 debía tramitar ante la Justicia Electoral.
Esa causa, en la que están denunciados, entre otros, el hoy senador Esteban Bullrich y la diputada electa por la Capital Federal y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, tramita – efectivamente- ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata, después de que fuera apartado el juez porteño Sebastián Casanello.
En la causa por los «aportantes truchos» se investigan las supuestas contribuciones al financiamiento de Juntos por el Cambio de indigentes, beneficiarios de planes sociales y personas sin capacidad contributiva, que figuran en los listados pero nunca supieron que sus nombres estaban allí, ni tampoco aportaron dinero de sus magros patrimonios.
La ley de financiamiento de los partidos políticos fue reformada en 2019, previo a las elecciones presidenciales de ese año, incluyendo un artículo que sostiene que «si se advirtiera la existencia de algún ilícito penal, o mediara denuncia en tal sentido, el juez y el fiscal podrán remitir al tribunal competente testimonio de las actuaciones pertinentes, una vez resuelta la causa electoral».
El artículo añade (y sobre eso se basa el reclamo de Capaccioli) que «en ningún caso la competencia penal se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario».
El camarista Irurzun sostuvo en ese sentido que existe «un límite claro y temporal a la intervención de la justicia penal, y este es, que se haya obtenido sentencia firme en materia electoral».
El planteo de Capaccioli fue formulado ante el juez Casanello, quien tiene a su cargo un remanente de la causa por la «mafia de los medicamentos», que aún no fue elevada a juicio oral. .
