Hoy se cumplen doce meses de la desaparición del submarino ARA San Juan con los 43 hombres y la única mujer que conformaban su tripulación. Nadie sabe dónde están, mientras los sentimientos de dolor, angustia, incertidumbre y desesperación siguen embargando a sus familiares y a millones de argentinos. Se argumentan decenas de hipótesis y se entrecruzan críticas entre ex y actuales altos mandos de la Armada, pero nadie asume responsabilidades por el luctuoso suceso.
Medios informativos de todo el país vienen reiterando esta semana los diferentes acontecimientos de la última misión del sumergible cuyo retorno a su base en Mar del Plata quedó trunco luego de tener su último contacto radial cuando estaba frente a las costas de Caleta Olivia, en la madrugada del 15 de noviembre de 2017.
Lo buscaron embarcaciones de superficie y aeronaves argentinas y de numerosos países extranjeros y hoy finalizará su misión de 60 días operativos el buque de la empresa Ocean Infinity que dispone la tecnología más avanzada del mundo para este tipo de rastrillaje de subsuelo marino.
Pero ni siquiera lo hallaron en el área donde supuestamente se detectó una explosión marina el mismo día de la pérdida de contacto y hasta ayer tampoco lo ubicaron frente a la Península Valdés donde los sonares de una corbeta de la Armada registraron “golpes de casco”.
RECLAMOS DESOIDOS
En base a decenas de testigos que declararon en el Juzgado Federal de Caleta Olivia ya no resulta novedoso conocer que luego de las reparaciones “media vida” a que fue sometido hace varios años, el ARA San Juan continuaba acumulando fallas en sus sistemas operativos.
Su comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, ya lo había informado en dos reuniones que se hicieron en 2017 y el caso era delicado, a tal punto que el “decano” de los submarinistas, el capitán de navío Gabriel Attis, dijo a medios periodísticos de Caleta Olivia que sí él hubiera estado al frente de la Fuerza de Submarinos no hubiera permitido que zarpara.
El responsable era otro capitán de navío, Claudio Villamide, quien a su vez dependía de otro de los altos oficiales desplazados, el contralmirante Luis López Mazzeo, jefe de Adiestramiento y Alistamiento y al mismo tiempo responsable del Comando de Operaciones Navales, quienes aún no fueron citados a declarar por la jueza federal Marta Yáñez, pero lo que es seguro es que no lo harán en calidad de testigos.
PRUEBAS IRREFUTABLES
Para fundamentar lo anteriormente dicho, El Patagónico tuvo acceso al extenso informe que el comandante Pedro Fernández elevó con fecha 14 de agosto de 2017 al jefe de la Fuerza de Submarinos (Villamide), dando cuenta no solo de los pormenores operativos sino también de numerosas fallas que se registraron en el ARA San Juan durante una misión que se cumplió entre el 1° y el 19 de julio de ese año.
En ese reporte se da cuenta de que dos acopladores de HF presentaron fallas, problemas de propulsión, un ruido permanente en la línea de eje y descalibraciones en un generador.
Además, cuenta que al sexto día de navegación, “en maniobra de snorkel se produjo el ingreso de agua de mar al ventilador de batería de proa”.
Agrega que “se desarmó la envuelta del mismo para sacar la totalidad del agua. Consecutivo se procedió a navegar a plano profundo para ingresar al tanque de baterías y verificar el estado del mismo”.
Tras ello se logró normalizar la maniobra de ventilación, pero Fernández también advirtió que “la única posibilidad” de origen de esa falla es la falta de estanqueidad de la Válvula E-19”.
Precisamente ese podría ser el detonante de la tragedia, a decir de un supuesto informe en borrador que estarían preparando los tres expertos de las Armada designados para justificar los motivos del siniestro, endilgándoles errores a los submarinistas desaparecidos, a pesar de que otros analistas aseguran que los mismos obraron correctamente para atender el desperfecto.
Pero aquí vale preguntarse por qué el jefe de la Flota de Submarinos (Villamide) y el responsable del Comando de Operaciones Navales desoyeron los reclamos del comandante Fernández, quien también demandaba que se cambiaran las pastillas de carbono para purificar el aire que se tornaba casi irrespirable para la tripulación.
Hay muchos interrogantes y es probable que más tarde o más temprano la justicia determine responsabilidades. Mientras tanto, el país le otorga el máximo respeto a quienes perdieron su vida custodiando las aguas nacionales.
