Todos habían sido procesados por el juez federal Daniel Rafecas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en los centros clandestinos de detención Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.
El tribunal de feria, con las firmas de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, revocó los procesamientos, los trocó por «falta de mérito» y ordenó la inmediata libertad de Hugo Ángel Carlet y Luis Nelson González.
Ambos habían sido procesados por Rafecas por delitos de lesa humanidad ocurridos en 115 casos en los Centros Clandestinos de Detención y Torturas (CCDT) Bacacay y Orletti».
El tribunal ordenó la inmediata libertad de ambos «en caso de que no existan otros impedimentos, y dejar sin efectos sus embargos».
En ese mismo contexto, el tribunal de feria confirmó parcialmente los procesamientos con prisión preventiva domiciliaria de César Estanislao Albarracín y Rubén Héctor Escobar por «privaciones ilegítimas de la libertad agravadas reiteradas, tormentos y sustracción, retención u ocultamiento de un menor de 10 años en los Centros de Detención Orletti y Pomar».
Pero el tribunal decidió «revocar parcialmente» y disponer la falta de mérito para ambos «con respecto a los homicidios doblemente agravados en Orletti y a las privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, sustracción, retención u ocultamiento de un menor de 10 años y homicidios denunciados en Bacacay».
Idéntica decisión adoptó respecto de Patricio Miguel Finnen, como presunto «coautor de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas reiteradas, tormentos, y sustracción, retención u ocultamiento de un menor de 10 años ocurridos en el Centro de Detención Orletti».
En ese contexto, no obstante, el tribunal resolvió dictar la falta de mérito «con respecto a los delitos de homicidio doblemente agravado ocurridos en Orletti y con respecto a las privaciones ilegitimas de la libertad e imposiciones de tormentos, sustracción, retención u ocultamiento de un menor de 10 años de edad y homicidios acaecidos en Bacacay».
Finnen se recicló en democracia y continuó trabajando como agente de inteligencia en la SIDE, y en esa función fue acusado por participar del encubrimiento del atentado contra la AMIA.
En el juicio oral resultó absuelto pero ese fallo está actualmente en revisión ante la Cámara de Casación.
En los tres casos de confirmación parcial de los procesamientos por hechos ocurridos durante la dictadura el tribunal revocó los embargos, que trepaban a 50 millones de pesos, y dispuso que «el monto deberá ser readecuado por el juez de grado».
«El objeto procesal de estas actuaciones se circunscribe a hechos ilícitos ocurridos en el marco de la Dictadura Militar entre los años 1976 y 1983, analizándose en la presente la actuación de quienes, como agentes de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), habrían intervenido en los episodios referentes a los CCDT Bacacay –funcionó entre marzo y mayo de 1976-, Automotores Orletti –entre junio y noviembre de ese año- y Pomar –mayo y junio de 1977- localizados en esta ciudad de Buenos Aires», contextualizó el fallo.
«Numerosas personas fueron ilegítimamente privadas de su libertad, víctimas de homicidios, mientras que otras permanecen desaparecidas y las restantes pudieron recuperar su libertad. En aquella época, la SIDE estuvo encabezada por el ex–coronel Otto Carlos Paladino y luego por el ex-general Carlos Enrique Laidlaw», añade la descripción.
Rafecas había dictado los procesamientos en un fallo de unas 1.200 páginas, en el marco de la causa sobre violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
