Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que «el procesamiento no es avalado por la prueba del caso».
Freiler fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento porque supuestamente no podía justificar su patrimonio con sus ingresos como camarista federal y docente.
Sin embargo, el ex magistrado fue sobreseído en la causa penal en la que fue investigado por «enriquecimiento ilícito».
Entre los argumentos para su destitución figuraron justamente los datos obtenidos de la información bancaria revelada por los funcionarios del BCRA, quienes fueron procesados en primera instancia por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Ese fallo –dijo el voto de mayoría de la Cámara- «corresponde revocarlo y declarar la falta de mérito, porque ante la persistencia de interrogantes que hacen al núcleo central de las sospechas que esgrimió el acusador, la solución expectante se corresponde con lo previsto en la ley».
El tercer integrante del tribunal, Roberto Boico, se había inclinado por confirmar el procesamiento.
La medida benefició a Marcos Moiseeff, Subgerente General Jurídico; Nora Beatriz Binaghi, Gerente Principal de Asesoría Legal; Cristian Eduardo Pujol, Gerente de Derecho Financiero, Cambiario y Comercial; y Adriana Castán, Subgerente de Derecho Cambiario.
«Todos ellos firmaron el dictamen mediante el cual se le dio curso al requerimiento del Consejo de la Magistratura, luego que aquél reiterara un oficio inicial y de que un primer dictamen del BCRA opinara que no correspondía acceder a ello», explica el fallo.
El expediente que terminó con la destitución de Freiler se inició por una denuncia Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (el «Colegio de la calle Montevideo», el ala más conservadora de la abogacía porteña) a partir de una información periodística sobre el entonces camarista.
