La abogada Silvina Martínez, habitual denunciante en Comodoro Py, había pedido el juicio político de Obligado por considerar que beneficiaba a la ex presidenta y demoraba injustificadamente la convocatoria al debate oral.
Días atrás, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, pidió al tribunal oral sus sobreseimientos por inexistencia de delito, basado sobre prueba producida justamente en la etapa previa al inicio del juicio.
La abogada Martínez justificó su denuncia sobre las supuestas demoras en el inicio del juicio en «las publicaciones periodísticas informan que recién se pondrá fecha de comienzo con el resultado de las elecciones del año 2021».
En ese contexto, atribuyó a Obligado «demoras en la tramitación y falta de impulso de oficio de las causas, que de continuar, derivarían en perjuicios para el progreso de las investigaciones».
El Plenario del Consejo desestimó el pedido de juicio político argumentando que «no se observan hechos que sustenten o puedan poner en duda la rectitud de la intervención del magistrado denunciado».
El rechazo fue «in límine», es decir sin mayor sustanciación de la denuncia por improcedente.
«No se registran violaciones y/o restricciones en cuanto a las garantías constitucionales de debido proceso y de derecho de defensa», resumió la resolución que rechazó el pedido de juicio político y posterior destitución de Obligado.
«La imparcialidad del juez Obligado no se encontró afectada y tampoco se generó una situación que mereciera una apreciación particular, pues tal verificación hubiese resultado suficiente para que la instancia superior apartase al magistrado», concluyó el Consejo.
