La Sala 1 del tribunal, con las firmas de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dictó el procesamiento contra el ex Director General de Sanidad Policial Daniel Omar Calabrese, así como de su amigo y empresario Eduardo Augusto Jensen.
La acusación contra Calabrese, ascendido al máximo escalafón policial por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, indica que «durante el período comprendido entre los años 2015 y 2016 direccionó en favor de la empresa Ultraline SA, cuyo accionista mayoritario es Jensen y con quien tuviera vinculación de amistad, las licitaciones públicas y privadas, las contrataciones directas y los anticipos de fondos que desarrollaron en el ámbito de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal».
El perjuicio estimado, según la imputación, «ascendió aproximadamente a 11.952.559 pesos».
Ambos imputados habían sido sobreseídos en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, pero la fiscal Paloma Ochoa apeló la medida y obtuvo en Cámara el procesamiento de ambos.
Calabrese estuvo a punto de ser subjefe de la Policía Federal en marzo de 2016, cuando tras la renuncia del comisario Román Di Santo a la jefatura de la fuerza fue reemplazado por Néstor Roncaglia.
El ahora procesado fue uno de los participantes de una reunión de Bullrich con referentes de la fuerza para definir la línea de mando y el perfil de la Federal bajo el entonces nuevo Gobierno.
Del expediente surge que Calabrese «intervino directamente en su carácter de Director General de Sanidad Policial, suscribiendo los actos administrativos de adjudicación a favor de la empresa cuyo vicepresidente resultó ser Jensen».
«Todo ello cobra especial importancia al haberse comprobado que ambos imputados registraban viajes juntos a Uruguay en los años 2012 y 2013, realizados en dos barcos privados que pertenecían respectivamente a los hijos de Calabrese y al propio Jensen», resume la imputación.
Además, «a partir de 2012 la empresa Ultraline SA modificó sustancialmente su objeto social original -constituido en el año 1993-, adaptándolo a productos e insumos hospitalarios».
«A partir de ese año y de la modificación antes mencionada comenzó a participar en los procedimientos de las licitaciones y contrataciones que se desarrollaron en el ámbito de la Superintendencia de Bienestar, convirtiéndose, luego de la asunción de Calabrese como titular de la Dirección General de Sanidad Policial en la empresa que recibió más invitaciones para participar en las contrataciones y en la beneficiaria de la mayor cantidad de adjudicaciones», explica la resolución de la Cámara.
Así, Ultraline pasó «a posicionarse como la principal proveedora de la mencionada dependencia policial».
Un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad detectó «una serie de circunstancias particulares y falencias en ciertas contrataciones del Hospital Churruca que involucraron a la empresa y que derivaron en la denuncia formulada por la Secretaría de Cooperación con Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio», describe la resolución.
En disidencia, el tercer juez del tribunal, Leopoldo Bruglia, consideró que «si bien la investigación ha logrado corroborar ciertos aspectos que conducen a la hipótesis delictiva denunciada, lo cierto es que estos indicios, por el momento, resultan insuficientes para tener por acreditado con el grado de probabilidad que requiere esta instancia, los extremos expuestos por el Ministerio Publico Fiscal».
A principios de este año, según consta en el Boletín Oficial, la empresa removió de la vicepresidencia del directorio a Jensen, le revocó el poder que tenía y le promovió una «acción de responsabilidad por su actuación dolosa y con culpa grave en competencia e interés contrario a Ultraline S.A.».
Los procesamientos ya fueron apelados y la Cámara aceptó la revisión por parte de la Casación.
