Álvarez fue condenado a seis años de prisión como «coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789».
Después de que la condena quedara firme, estuvo detenido desde el 5 de octubre de 2018 de manera ininterrumpida en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, la cárcel de Ezeiza.
La libertad condicional le fue concedida en una decisión unipersonal del juez Jorge Gorini y Álvarez se vio beneficiado por dos reducciones sucesivas de los plazos para acceder a ese beneficio, una por 65 días y otra por 252, por el denominado «estímulo educativo» por los estudios que cursó estando preso.
El condenado deberá cumplir una serie de pautas de conducta, entre ellas el control mensual de su situación ante el Patronato de Liberados.
Además, el tribunal le ofreció «la posibilidad de presentarse ante la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia para que le brinde el auxilio necesario en los aspectos habitacional, laboral y de reinserción».
Álvarez vivirá junto a su esposa en un inmueble situado en el barrio porteño de Belgrano.
