El recurso plantea que le sea restituido el indulto humanitario que le fue otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y que fue posteriormente anulado por la Corte Suprema en octubre de 2018 tras considerar que carecía de efectos jurídicos.
«La referida sentencia, entre otros, declara fundada la demanda, restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017- JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad», sostuvo el Tribunal en un comunicado.
El ex presidente Fujimori se encontraba cumpliendo una condena de 25 años en la prisión de Barbadillo, ubicada en la ciudad de Lima, debido a las matanzas que se registraron durante su administración en Barrios Altos (1990) y La Cantuta (1992), y que son atribuidas al grupo paramilitar Colina.
La acción legal de liberación interpuesta por el abogado Gregorio Parco Alarcón había sido discutida en privado en febrero por el máximo Tribunal peruano, que en ese momento dejó «al voto» su decisión.
Tras retomar la votación este jueves, lo hicieron a favor los magistrados Ernesto Blume, quien expuso la causa, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, este último, en su calidad de presidente del TC, ejerció el voto dirimente tras un empate, lo que permitió la aprobación de la medida. En tanto, votaron en contra los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
Según explicó el magistrado Espinosa-Saldaña a la televisión local, éste fue un «caso complicado», ya que hubo un empate «tres a tres», lo que obligó al «voto decisorio de Augusto Ferrero, que fue a favor de la liberación de Alberto Fujimori», quien tiene 83 años de edad. En tanto, precisó que «los funcionarios correspondientes tendrán que hacer las coordinaciones para acatar la sentencia que no compartimos, pero que tenemos que respetar porque así es el trabajo en el Tribunal (Constitucional)».
La decisión del máximo Tribunal fue cuestionada por el presidente del país, Pedro Castillo, quien aseguró en un mensaje en Twitter que «la crisis institucional» a la cual se refirió durante su mensaje ante el Congreso el pasado martes «se refleja en la última decisión del @TC_Peru». «Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo», añadió.
Durante los últimos meses Fujimori fue internado en varias ocasiones en la Clínica Centenario Peruano Japonesa de la ciudad capital tras presentar diversas afectaciones en su salud, entre ellas un «cuadro de fibrilación auricular» y, además, requirió de una intervención quirúrgica al corazón.
En ese sentido, su representante legal, César Nakazaki, había declarado previamente a un medio local que el indulto humanitario procede para los reos «si hay enfermedad», y que en el caso de su representado la fibrilación que motivó el indulto en 2017 «hoy se ha agravado».
El ex mandatario fue dado de alta el pasado lunes luego de superar la afectación que obligó a su hospitalización el pasado 3 de marzo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Centenario.
