El tribunal hizo lugar a un planteo de la defensa de Carlos Kirchner, a cargo de los abogados Enrique Arce y Nicolás Guzmán, y transformó la caución de 12 millones de pesos con que le había concedido la excarcelación en «juratoria», es decir libertad bajo palabra.
La defensa del ex funcionario formuló el pedido «en atención al impacto que ha tenido en la expectativa de una eventual pena la acusación que dirigió la Fiscalía de juicio».
En efecto, los fiscales sólo acusaron a Carlos Kirchner por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lo desvincularon de las figuras de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Luciani y Mola pidieron para él la pena de dos años de prisión en suspenso.
Ahora, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Fabián Basso y Jorge Gorini consideraron que «en virtud del estadio del debate del presente juicio y el máximo posible de pena en expectativa, los riesgos procesales que fueron merituados en su oportunidad ahora disminuyeron sensiblemente».
«Por esa razón –añadieron-, la caución real fijada en 12 millones de pesos ha dejado de satisfacer el estándar mínimo de proporcionalidad que debe primar entre el fin y los medios para la adopción de este tipo de cautelas personales».
Los jueces concedieron la «caución juratoria» pero resolvieron «mantener la vigencia de la prohibición de salida del país, bajo apercibimiento de revocar la excarcelación en caso de incumplimiento».
