El Gobierno retomó las negociaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en la compra de su vacuna contra el coronavirus, luego de que los contactos no llegaran a buen puerto por diferencias en el contrato.
«La ministra de Salud (Carla Vizzotti) junto con todo el equipo retomó las negociaciones con Pfizer para entender el estado de situación y cómo se pueden generar algunos cambios para avanzar en un posible contrato», señaló la asesora presidencial Cecilia Nicolini.
En declaraciones radiales, la funcionaria nacional afirmó que «las negociaciones a veces se frenan y luego se retoman», ante lo cual remarcó que «en ningún caso están cerradas o imposibles de poder pensar en firmar o en avanzar».
«Tiene que haber acuerdo entre las partes», añadió Nicolini. La vacuna COMIRNATY/BNT162b2 obtuvo el registro de emergencia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el pasado 22 de diciembre mediante la Disposición 9210/20 del organismo, que había subrayado que el desarrollo de Pfizer presentaba «un aceptable balance beneficio-riesgo».
Pese a haber obtenido el visto bueno de la ANMAT, las conversaciones para la provisión de la vacuna no pudieron culminar con la firma.
Según había trascendido, el gigante farmacéutico habría establecido cláusulas «abusivas» en la letra chica del contrato: en ese sentido, informes periodísticos publicados en el Reino Unido y Perú señalaron que uno de los requisitos planteados por Pfizer fue que se ofrecieran como embajadas, bases militares y otros activos como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna.
En ese sentido, a comienzos de febrero pasado, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, había explicado en la Cámara de Diputados por qué se habían paralizado las negociaciones: Pfizer «se portó muy mal» con el Gobierno, había afirmado en esa ocasión el ahora ex funcionario, a la vez que había señalado que las objeciones planteadas por el laboratorio recaían en la palabra «negligencia» que figura en la ley aprobada en el Congreso para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.
«Yo he tenido una gran desilusión. No sé si es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en casi todos los lugares del mundo, donde no han cumplido, o si existe otra razón. Pero el proceder de esta empresa no ha sido en correspondencia con cómo se ha comportado Argentina con la empresa», había manifestado González García al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Aunque no hay un contrato de provisión de vacunas firmado entre el Gobierno y Pfizer, algunas dosis de COMIRNATY/BNT162b2 llegaron a aplicarse en el país, ya que la Argentina había autorizado al gigante farmacéutico a realizar un ensayo de Fase 3.
En julio de 2020, el presidente Alberto Fernández había recibido en la Quinta de Olivos al gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Vaquer, con quien había analizado la decisión del laboratorio de iniciar las pruebas de su vacuna en el país.
«La ministra de Salud (Carla Vizzotti) junto con todo el equipo retomó las negociaciones con Pfizer para entender el estado de situación y cómo se pueden generar algunos cambios para avanzar en un posible contrato», señaló la asesora presidencial Cecilia Nicolini.
En declaraciones radiales, la funcionaria nacional afirmó que «las negociaciones a veces se frenan y luego se retoman», ante lo cual remarcó que «en ningún caso están cerradas o imposibles de poder pensar en firmar o en avanzar».
«Tiene que haber acuerdo entre las partes», añadió Nicolini. La vacuna COMIRNATY/BNT162b2 obtuvo el registro de emergencia por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el pasado 22 de diciembre mediante la Disposición 9210/20 del organismo, que había subrayado que el desarrollo de Pfizer presentaba «un aceptable balance beneficio-riesgo».
Pese a haber obtenido el visto bueno de la ANMAT, las conversaciones para la provisión de la vacuna no pudieron culminar con la firma.
Según había trascendido, el gigante farmacéutico habría establecido cláusulas «abusivas» en la letra chica del contrato: en ese sentido, informes periodísticos publicados en el Reino Unido y Perú señalaron que uno de los requisitos planteados por Pfizer fue que se ofrecieran como embajadas, bases militares y otros activos como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna.
En ese sentido, a comienzos de febrero pasado, el entonces ministro de Salud, Ginés González García, había explicado en la Cámara de Diputados por qué se habían paralizado las negociaciones: Pfizer «se portó muy mal» con el Gobierno, había afirmado en esa ocasión el ahora ex funcionario, a la vez que había señalado que las objeciones planteadas por el laboratorio recaían en la palabra «negligencia» que figura en la ley aprobada en el Congreso para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.
«Yo he tenido una gran desilusión. No sé si es que no tienen las vacunas suficientes, como ha pasado en casi todos los lugares del mundo, donde no han cumplido, o si existe otra razón. Pero el proceder de esta empresa no ha sido en correspondencia con cómo se ha comportado Argentina con la empresa», había manifestado González García al exponer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Aunque no hay un contrato de provisión de vacunas firmado entre el Gobierno y Pfizer, algunas dosis de COMIRNATY/BNT162b2 llegaron a aplicarse en el país, ya que la Argentina había autorizado al gigante farmacéutico a realizar un ensayo de Fase 3.
En julio de 2020, el presidente Alberto Fernández había recibido en la Quinta de Olivos al gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Vaquer, con quien había analizado la decisión del laboratorio de iniciar las pruebas de su vacuna en el país.
