Todas parecen referenciadas en la provincia de Misiones, uno de cuyos puntos neurálgicos, la denominada «Triple Frontera», es un escenario en el que pululan agentes de inteligencia de múltiples nacionalidades.
Desde allí, surgieron los hackeos a los teléfonos de los funcionarios porteños Marcelo D´Alessandro y Diego Santilli (entre otras víctimas) y la obtención de líneas a nombre de jueces de la Corte.
Se trata de acciones diferentes: mientras a los funcionarios porteños se les tomó el control de sus líneas (y de allí se filtraron los chats de D´Alessandro), a los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz les usaron las identidades para sacar líneas a sus nombres, que ellos afirman que no habían pedido.
Esa presunta usurpación de identidad saltó a la luz cuando comenzaron a llegar a la casa de Rosatti en Santa Fe facturas telefónicas de esas líneas.
Una de las hipótesis de la investigación es que intentaron crear una línea a nombre del juez para, desde allí, simular conversaciones y chats falsos que expusieran maniobras ilegales del presidente de la Corte que nunca existieron, con el objetivo de desprestigiarlo.
Pero, a los investigadores no les cierra que si alguien pretendía prefabricar chats comprometedores en una línea falsa atribuida a Rosatti hubiera dado como domicilio de facturación la casa del propio juez.
«Es como ponerlo sobre aviso de lo que se está planeando», elucubró un investigador que, no obstante, no descartó que se tratara de un «mensaje» para advertirle a Rosatti sobre su exposición y vulnerabilidad.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), un organismo que depende de la propia Corte Suprema y que recientemente renovó sus autoridades, busca establecer qué actividad tuvieron esas líneas: llamados, mensajes de texto, chats por distintas plataformas, incluso actividad comercial, ante la eventualidad de que hubieran sido utilizadas para estafas ordinarias.
Nadie aún objetó que un organismo que depende de la Corte esté interviniendo en una investigación que tiene como presuntas víctimas a jueces de la propia Corte.
En el caso de D´Alessandro y Santilli, lo que se investiga es diferente: un joven de 22 años oriundo de Misiones reconoció haberles intrusado sus líneas, junto con las de jueces –algunos que intervinieron en causas por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner- y otros personajes políticos vinculados con el oficialismo.
La fiscal especializada en delitos informáticos de la Justicia porteña, Daniela Dupuy, llegó hasta Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, residente en la localidad de Eldorado, quien admitió que lo había contratado un desconocido que lo contactó por el programa Telegram y le pagó entre 12 mil y 15 mil pesos por cada hackeo, unos 15 en total.
Entre esos 15, pese a que no trascendió públicamente, figuraban funcionarios de relieve del actual Gobierno Nacional.
La investigación parece centrada ahora en reconstruir la ruta de los pagos, realizados en criptomonedas.
Como es habitual en este tipo de operaciones, la trazabilidad es dificultosa, pues aparecen nombres de personas que jamás supieron que tenían cuentas por las que pasó el dinero hasta llegar al destinatario final.
En ese camino hay pistas que conducen desde bancos virtuales a personas indigentes, reparticiones oficiales e incluso organismos descentralizados del Ministerio Público Fiscal.
