La ONU exhortó ayer a los países latinoamericanos a seguir acogiendo a los refugiados venezolanos, a la vez que denunció las nuevas exigencias de pasaporte en las fronteras implementadas por Ecuador y Perú. Además informó que hoy creará un mecanismo para coordinar una respuesta al éxodo de los venezolanos.
En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, y el director general de la Organización para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, pidieron a la comunidad internacional que aumente sus apoyos en respuesta a la creciente migración. Asimismo ambos organismos expresaron su preocupación ante los acontencimientos recientes que afectan a los refugiados y migrantes venezolanos. Las dos agencias de la ONU se refirieron en particular a los nuevos requerimientos en materia de pasaportes y de entrada en las fronteras de Ecuador y Perú, así como las modificaciones introducidas a los permisos temporales de residencia de los venezolanos en Perú. La medida anti migratoria comenzó a regir, en el gobierno de Lenin Moreno, el pasado sábado. Sin embargo inmediatamente la Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció el accionar del gobierno y logró conseguir que los niños y adolescentes que llegasen a Ecuador con sus padres, no estén obligados a presentar documentos en caso que sus progenitores porten los propios. En Perú la medida se pondrá en marcha mañana.
En los últimos dos años ingresaron, a territorio peruano, más de 400.000 venezolanos en el marco de la política de puertas abiertas que inicialmente ofrecieron las autoridades ante la crisis social y económica que vive Venezuela. Sin embargo, luego de detectar ingresos con cédulas falsas, Perú decidió tomar las mencionadas medidas. Las tensiones migratorias se incrementan también en otros países de América Latina, como en Brasil, donde se han producido violentos disturbios entre migrantes y población local. La frontera colombiana, que recibió a más de un millón de venezolanos en los últimos 16 meses, también está en el centro de la disputa. Ayer denunció la medida tomada por sus vecinos alegando que ello favorece las migraciones clandestinas. Según OIM y la ACNUR, de los 2,3 millones de venezolanos que viven en el extranjero, más de 1,6 millones han huido desde 2015, cuando el país se sumió en una grave crisis económica y política, y el 90 por ciento de ellos se refugiaron en países de la región. Para la ONU los más vulnerados, que a su consideración son los adolescentes, las mujeres y los niños no acompañados, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación, y por tanto están expuestos a un riesgo mayor de explotación, de trata y de violencia. “Reconocemos los crecientes desafíos ante la llegada a gran escala de venezolanos”, admitió Grandi quien también subrayó que es esencial que cualquier nueva medida que se tome, siga permitiendo a quienes necesitan una protección internacional, tengan acceso seguro y puedan efectuar su demanda de asilo.
En un intento de ponerle fin al conflicto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá hoy con la ACNUR y con la OIM para desarrollar un mecanismo coordinado que atienda a las demandas migratorias. El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, explicó que el objetivo es garantizar que la ONU gestione este asunto adecuadamente. “La creación de este tipo de grupos de coordinación es un procedimiento interno habitual ante crisis como la que se está dando con los refugiados y emigrantes venezolanos”, afirmaron fuentes de la organización. El canciller colombiano, Carlos Trujillo, se reunió ayer con Guterres y le trasladó su preocupación frente a la crisis regional que genera el flujo migratorio venezolano. “Encontramos una gran receptividad de parte del secretario general” explicó Trujillo y agregó que con esta medida se dará un paso adelante para responder a una crisis que, insistió, debe recibir un tratamiento multilateral. En este sentido Trujillo designó a un enviado especial para que conforme la coordinación de esta respuesta regional.
“Para Colombia la situación plantea un asunto humanitario, de seguridad nacional y afecta a múltiples sectores como los de la salud y la educación”, afirmó el canciller quien aseguró que el gobierno está decidido a movilizar a la comunidad internacional. En ese sentido, explicó que las autoridades migratorias del país están en contacto permanente con las de otros estados afectados como Ecuador, Perú o Brasil y se mostró a favor de convocar una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar “exclusivamente la crisis migratoria venezolana”. El próximo evento territorial conforme a la búsqueda de una salida a la crisis, será el 17 y 18 de septiembre según notificó Ecuador, país liderará un encuentro donde estarán los ministros de Exteriores de 13 estados de la región.
