Los extranjeros a quienes les habían sido levantadas las medidas cautelares no permanecen en la Argentina por su propia voluntad sino porque la fiscalía que entiende en el caso apeló el fallo de Villena y eso interrumpió la posibilidad de que regresaran a sus países.
La fiscalía está a cargo de Cecilia Incardona, pero, como ella se encontraba de licencia, la apelación fue firmada por el fiscal adjunto Sergio Mola, el mismo que está interviniendo en el extenso alegado de acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros imputados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La semana anterior, el juez Villena liberó a dos terceras partes del grupo que llegó a la Argentina hace casi tres meses, argumentando que sobre ellos no existían indicios de que hubieran cometido o estuvieran preparando algún delito.
Esa decisión descomprimió los incipientes reclamos, tanto de Venezuela cuanto de Irán, sobre la situación de los extranjeros y de la aeronave, que también sigue retenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El juez destacó que las medidas de prueba que quedaban pendientes eran exhortos internacionales que, por su naturaleza, pueden demorar meses en ser respondidos.
Villena aclaró que la investigación no incluye a Venezuela y a Irán como Estados, ni a la Guardia Revolucionaria Al Quds -puesto que no son considerados terroristas en Argentina- pero sí contra personas y empresas concretas por su posible vinculación con Hezbollah.
El juez priorizó el «principio de inocencia», pero la apelación –que firmó Mola, pero aclarando que estaba en sintonía con la postura de Incardona- consideró que esa decisión había sido «arbitraria, carece de fundamentación suficiente, es prematura y pone en riesgo el éxito de la investigación».
«La complejidad y la seriedad de la investigación es un elemento central a la hora de valorar la solicitud de levantamiento de la prohibición de salida del país, en tanto existe verosimilitud del derecho, uno de los requisitos indispensables para el mantenimiento de cualquier medida cautelar», sostuvo el documento.
«La vigencia de la prohibición de salida del país respecto de la totalidad de los tripulantes aparece como una medida razonable tendiente a procurar la sujeción del sujeto al proceso judicial y evitar el riesgo de que los imputados puedan frustrar el accionar de la justicia, ausentándose del país», añadió.
La apelación fue concedida con efecto suspensivo, lo que frenó la salida de los extranjeros del país.
El expediente está ahora a estudio de la Cámara Federal de La Plata, mientras recrudecieron los reclamos internacionales, especialmente por parte del gobierno de Venezuela.
