A dos años de los allanamientos a la casa de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la ciudad santacruceña de El Calafate, los documentos históricos hallados en su domicilio continúan en custodia del Archivo General de la Nación y, según la legislación vigente, podrían volver a manos de la titular del Senado, quien también tiene la chance de donarlos al Estado para su conservación y exposición.
En el marco de la causa de los cuadernos y tras el aval del Senado a la medida de prueba ordenada por el juez Claudio Bonadio, los tres domicilios de la entonces senadora nacional fueron allanados: el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta; y las casas de Mascarello 441, en Río Gallegos; y de Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate.
Uno de los detalles más recordados de aquel episodio fue el hallazgo en la casa de El Calafate de una carta original que el general José de San Martín había enviado el 26 de diciembre de 1835 al militar chileno Bernardo O´Higgins y un prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen con 122 fojas de actuaciones y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910.
Ante la posesión de esos documentos, Bonadio había procesado a la líder de Unidad Ciudadana por el presunto delito de «ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos».
En el proceso judicial, Cristina Kirchner explicó cómo habían llegado a su poder esos documentos históricos: la carta de San Martín fue un regalo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en ese país en abril de 2015, mientras que el prontuario de Yrigoyen le fue entregado por un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
De acuerdo a las investigaciones, la misiva destinada a O´Higgins no formaba parte de lotes robados del Museo Vicuña Mackenna en 1981, ni de otro hecho delictivo similar ocurrido en el distrito tucumano de Yerba Buena en 2015; en tanto, el archivo sobre el líder radical no pudo conocerse de dónde lo había obtenido la persona que se lo hizo llegar a la actual vicepresidenta: el Museo Policial y el Museo Yrigoyeneano no tenían conocimiento de la existencia ese documento.
«Los objetos hallados en el domicilio de Cristina Fernández se trataban de obsequios recibidos de manera legítima, a título personal», sostuvo la fiscal Alejandra Mangano en su dictamen del 10 de junio de 2020.
Como el AGN está cumpliendo una función de «guardián», la misiva del padre de la Patria y el documento policial sobre el caudillo de la UCR no están disponibles para la consulta pública, aclararon las fuentes consultadas.
Según indicaron especialistas en el tratamiento de bienes culturales, la carta de San Martín y el prontuario de Yrigoyen podrían volver a manos de Cristina Kirchner, según lo establece la ley 15.930.
En su artículo 20, la norma señala que «los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación».
También plantea la posibilidad de que puedan «entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un archivo general provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios».
Es decir que Cristina Kirchner podría reclamar a la Justicia que, tras haber sido sobreseída en la causa, le devuelvan ambos documentos para que regresen a su casa de El Calafate o entregarlos como una donación o en custodia temporaria a algún organismo que garantice la conservación.
Aunque desde Chile algunos historiadores reclamaron que la carta de San Martín enviada a O´Higgins debería ser entregada a las autoridades de ese país, lo cierto es que nunca respondieron el exhorto internacional para determinar si la misiva había integrado la colección del Museo Vicuña Mackenna, algo que quedó registrado en el fallo de sobreseimiento de la actual vicepresidenta.
