Solamente se está analizando la posibilidad de convocar a una sesión de urgencia para tratar una nueva moratoria previsional, ya que la que está vigente vence el próximo 23 de julio. .
Pese al pase al costado del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la Cámara baja pudo avanzar la semana pasada con la aprobación de una serie de medidas que llevaban su sello, pero quedan en el tintero unas cuantas más, como la debatida ley de «Compre Argentino», el régimen de promoción agroindustrial y la ley de Electromovilidad. La «agenda Kulfas» sigue siendo una prioridad para el Gobierno, ahora con Daniel Scioli al comando de la cartera ministerial.
El proyecto de ley agrobioindustrial fue defendido en Diputados por el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, y básicamente consiste en poner a disposición del sector un conjunto de beneficios fiscales con el objetivo de desarrollar toda la cadena productiva a través del estímulo de nuevas inversiones, preferentemente con agregado de valor en origen.
La meta es llegar a un nivel de exportaciones de bienes y servicios por 100.000 millones de dólares para 2030, y la creación en ese plazo de 700.000 nuevos puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto.
Otro objetivo es la producción de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas, y legumbres para 2030. .
También se propone generar incentivos fiscales para fertilizar los suelos y en consecuencia mejorar los rendimientos.
Entre las medidas fiscales se incluye una amortización acelerada para nuevas inversiones, devolución anticipada del IVA, el otorgamiento de un bono de crédito fiscal y cambia del concepto de «tenencia» por realización» para el cálculo de las deducciones del impuesto a las Ganancias.
La ley de Compre Argentino es la que lleva más tiempo de debate pero quedó trabada en comisiones porque Juntos por el Cambio considera que los beneficios para empresas argentinas en las licitaciones públicas del Estado generarían perjuicios económicos al Estado. .
Se trata de un proyecto que tiene dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero que la oposición rechaza al señalar que el sistema propuesto habilita «sobreprecios» en las compras públicas del Estado. La llaman «Compre Caro» porque sostienen que encarece el producto o servicio que contrata el Estado.
La propuesta prevé la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado. El proyecto apunta a que el Estado pueda elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que los precios ofertados se excedan hasta un determinado tope a las propuestas que puedan realizar compañías extranjeras.
Se contempla elevar del 15% al 20% los márgenes de preferencia para mipymes, del 8 al 15% para el resto de las empresas argentinas grandes, y también se incorpora un 12% para empresas extranjeras que estén integradas por capitales nacionales. Por otra parte, la iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias.
La ley de Electromovilidad se propone fijar las bases para difundir la producción y venta de autos eléctricos en la Argentina, y pone como fecha el 1 de enero de 2041 para la prohibición de la fabricación de motores de combustión interna en el país. .
La reforma de la ley de Alquileres es otro debate que quedó trunco y que será retomada no antes de agosto. La oposición encabezada por Juntos por el Cambio y el interbloque Federal habían llegado a un acuerdo hace cerca de un mes para reformar la ley vigente y volver a los contratos con plazo de dos años.
De hecho, firmaron en la comisión de Presupuesto un dictamen de minoría y ya habían puesto fecha (30 de junio) para tratar el proyecto en el recinto, confiados en que estaban los números.
Pero ese impulso se desinfló de la noche a la mañana cuando las agrupaciones de inquilinos reaccionaron con vehemencia en redes sociales en rechazo al artículo del proyecto opositor que habilitaba a ajustar los precios cada tres meses.
Esa reacción derivó en que los diputados de Juntos Somos Río Negro retiraran su apoyo, al igual que los misioneros del Frente de la Concordia. .
La incorporación de la cláusula de los ajustes trimestrales del precio había sido producto de la presión del PRO, a través del diputado Luciano Laspina, quien inicialmente exigió quitar la obligación de pactar un plazo determinado, dejando librada la decisión al acuerdo entre las partes.
Como salida salomónica, pactaron establecer que las actualizaciones de los valores del alquiler debían realizarse en un rango de 3 a 12 meses. La UCR y la Coalición Cívica preferían dejar el plazo en seis meses, pero cedieron en pos de llegar a un acuerdo.
En este barajar y dar de nuevo, las cartas vuelven a estar a favor de quienes alientan los ajustes semestrales. El oficialismo, en cambio, mantiene en su dictamen los trazos gruesos de la ley actual (tres años de duración de los contratos e indexación anual de los precios), y agrega un capítulo de beneficios fiscales para revertir la retracción de la oferta de inmuebles en alquiler.
Para después del receso invernal también quedará la votación de proyectos como la ley de Fomento a la Enfermería, la creación de las universidades nacionales del Delta y de Pilar, la ley de prevención y detección temprana de violencias hacia la infancia, y la ley del Poder Ejecutivo para crear comisiones mixtas de seguridad y salud en empresas de más de 100 empleados.
