La jueza de primera instancia del distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor de la Argentina este miércoles 1 de abril, al suspender el juicio por la expropiación de YPF hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se expida sobre la jurisdicción que debe llevar el caso. La causa, que si llega a perderse podría tener un costo de casi u$s3.000 millones, fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el marco del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen inversora. Tras esto, Petersen y el fondo Eaton Park Capital, reclamaron al país sentirse damnificados porque consideraron que el estado argentino no extendió la estatización a todos los accionistas, sino que lo hizo sólo con Repsol.
Los abogados de la Argentina habían pedido que la jurisdicción para llevar adelante el litigio sea otra y no Estados Unidos. Plantearon que la parte demandante desea que siga en suspenso en el tribunal de Preska, hasta que la Corte Suprema se expida sobre la jurisdicción pertinente. Con la resolución de la magistrado de este miércoles ganó la postura argentina. De esta manera, el juicio queda «suspendido hasta que el máximo tribunal de Estados Unidos se expida respecto de si corresponde o no que el reclamo de Petersen se dirima en ese país». A mitad de abril, la Argentina había sufrido un revés en el marco del juicio millonario contra YPF y el estado de este país, luego de que la Justicia de Nueva York dejara firme un fallo de primera instancia. Se trataba del fallo de la Corte de Distrito Sur, a cargo Preska. Allí, se consideró que Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa. La decisión fue apelada por el Gobierno nacional.
La trama empezó en 2007, cuando el Grupo Petersen-Eskenazi compró el 15% de YPF, por entonces en manos de Repsol. Después de la nacionalización de 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Peterson Inversora dejaron créditos sin pagar, no afrontaron deudas y cayeron en quiebra. Un síndico remató esa quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino. El comprador fue Burford, un fondo buitre especializado en ese tipo de maniobras. Pagó US$ 14 millones y ahora exige unos US$ 3 mil millones.
