Se trata de la distribución anual del Fondo Partidario Permanente, un aporte del Gobierno nacional destinado a todas las actividades políticas, institucionales y administrativas que llevan adelante las agrupaciones políticas.
El reparto del dinero se hizo a través de la Resolución 13/2023 de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.
El detalle de los montos girados muestra que entre los sellos nacionales el PJ recibió 12.879.503,79 pesos; el PRO, 12.581.157,09; la UCR, 12.021.781,23; la Coalición Cívica-ARI, 4.144.651,12; y el Frente Renovador, 2.771.832,27.
Esos espacios también obtuvieron fondos a través de los sellos provinciales: el PRO recibió 20.090.171,24 pesos; la UCR, 17.595.526,19; y el PJ bonaerense, 17.074.775,57.
En total, se repartieron más de 455 millones de pesos a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales.
Administrado por la Dirección Nacional Electoral, el Fondo Partidario Permanente está conformado por el aporte destinado anualmente por la ley de Presupuesto General de la Nación; el dinero recaudado de las multas por la aplicación de la Ley 26.215 y el Código Nacional Electoral -de acuerdo con lo informado por la Justicia Nacional Electoral-; el producto de las liquidaciones de bienes de partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones; los reintegros efectuados por partidos, confederaciones y alianzas; los aportes privados y los fondos remanentes.
Del monto total destinado al desenvolvimiento institucional, el 20% se distribuye entre todos los partidos de forma igualitaria; mientras que el 80% se asigna de forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político en la última elección de diputados nacionales (siempre que estos sufragios hayan alcanzado al menos el 1% del padrón electoral).
En el caso de los partidos nacionales, el aporte señalado se distribuye en un 80% para los organismos de distrito, y el 20% para los nacionales. Mientras que, en el caso de los partidos políticos que cuentan únicamente con reconocimiento de distrito, los recursos disponibles se destinan a sus organismos partidarios.
Los aportes recibidos deben ser destinados exclusivamente al desenvolvimiento institucional, el financiamiento de actividades de capacitación para la función pública y la formación de dirigentes e investigación, por lo que no podrán ser usados para hacer campaña de cara a los comicios.
