Mientras que en el Senado, el oficialismo descansa en su mayoría propia para sancionar iniciativas de forma casi automática, en la Cámara de Diputados la relación de fuerzas es distinta y lo obligará a hacer un esfuerzo adicional en la negociación con bloques minoritarios para conseguir los votos que le falta a fin de aprobar los proyectos de emergencia Covid y Ministerio Público Fiscal.
Con sus 119 legisladores, a los que hay que descontar a Sergio Massa que solo vota en caso de desempate y también a José Ignacio de Mendiguren que está en uso de licencia, al Frente de Todos le estarían faltando 12 voluntades para llegar al número mágico de 129 votos.
Allí es donde empieza a jugar la astucia política del Gobierno para persuadir a legisladores opositores que no pertenecen a Juntos por el Cambio y que podrían «vender» el voto hasta último momento a cambio de alguna concesión en la letra del proyecto, o bien algún favor político a los gobernadores de aquellos que ocupan su banca a partir de su ligazón con los poderes provinciales.
El costo de caza para el oficialismo, tanto en el caso de la ley de emergencia Covid como en la del Ministerio Público Fiscal es prácticamente el mismo: son los llamados «diputados del medio». .
En ese lote aparecen los seis legisladores del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón, los cuatro cordobeses que responden a Juan Schiaretti, los dos socialistas santafesinos, los dos diputados del bloque Justicialista, tres ex Cambiemos y la neuquina Alma Sapag.
En estos días cruciales antes del inicio tratamiento de las dos iniciativas, las reuniones se multiplican y los teléfonos no paran de sonar.
