«No le vamos a sacar el plan social a nadie». El concepto, repetido durante toda la campaña presidencial 2015 por Mauricio Macri, era una respuesta a la advertencia de Daniel Scioli, el candidato del kirchnerismo, sobre la posible desarticulación de este beneficio si Cambiemos llegaba al poder. Dos años más tarde, y con Macri en el Gobierno, los planes no solo no se redujeron sino que se ampliaron.
Pero por el programa de austeridad que impulsa el jefe de Estado en los últimos meses, transversal a todas las áreas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, impulsa modificaciones en la entrega del beneficio y apuesta a recortar 720 millones de pesos que eran destinados a las organizaciones sociales para los costos administrativos y operativos en la instrumentación de cada plan social.
Plantea, además, cambiar los requisitos para la entrega del beneficio. Se trata de un cambio de política y apunta a que estén orientados a la educación y capacitación, y no una contraprestación a través de un trabajo temporal. Es decir, alrededor de 260 mil personas, que cobran $4.430 mensuales, deberán de manera obligatoria finalizar la educación primaria y secundaria, y capacitarse en oficios.
«Hay una resolución ministerial donde se transforma los planes sociales. Pretenden que no haya más planes de trabajo, que haya planes de capacitación; cursos de dos o tres horas diarias, durante cuatro meses, y el resto del tiempo no hagas nada. Creen en la empleabilidad y en que el mercado va a resolver el problema. Los planes tienen sentido mientras el compañero trabaje», advirtió Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, en diálogo con Radio Continental.
De acuerdo con el borrador que analiza el Gobierno, y según consigna el diario Clarín, «a los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria».
Esta modificación tiene lugar en un contexto político particular: hace una semana, las principales organizaciones sociales como Barrios de Pie, CTEP o la Corriente Clasista y Combativa, acompañaron al secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, en la marcha que convocó en repudio a las políticas económicas de Cambiemos.
Alrededor de 60 mil beneficiarios de planes sociales pertenecen a estas organizaciones sociales, y con el cambio previsto por el Ejecutivo, dejarán de recibir 12.000 pesos al año por cada plan, que se otorga por la logística de instrumentar y controlar el beneficio.
