En ese sentido, los abogados del joven dijeron que aún no se hizo efectiva la custodia que dispuso en su momento la jueza penal contravencional María Araceli Martínez.
Fue ante ella y por escrito que manifestó su voluntad de ser arrepentido, en la causa que se investiga el hackeo a D´Alessandro y varios magistrados quienes también sufrieron la invasión de sus dispositivos.
«Ha quedado demostrado a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración a través de ambas declaraciones indagatorias, entendemos que corresponde dar tratamiento en forma especial teniendo en cuenta sus condiciones personales a fin de que pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 ter del Código Penal, y la Ley del Arrepentido (Ley 27.304)», según la presentación de los abogados.
El joven reconoció que luego de recibir un pago fue quien hizo el hackeo y que su dispositivo lo arrojó al Río Paraná cuando fue citado por la Justicia, lo que le generó miedo.
Según consta en el expediente, la transferencia por 46 mil pesos fue recibida por el joven a través de criptomonedas y fue en los días en que se hizo público el viaje del ex ministro con varios jueces y empresarios a una estancia de Lago Escondido de Joe Lewis.
La causa la lleva adelante la fiscal porteña Daniela Dupuy y la seguridad del joven ya había sido ordenada mediante exhorto a la Justicia de Misiones. Sólo que aún, él dice no se efectivizó.
También la investigación persiste para saber quienes fueron los que contrataron al joven, lo que aún no se determinó aunque sí se está detrás de un grupo denominado Dark PFA. Ellos lo habrían contratado a través de la red social Telegram.
En las últimas horas, se conocieron los casos de más jueces que también fueron hackeados en sus dispositivos, entre ellos, los miembros del Tribunal Oral Federal 2 quienes el año pasado condenaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por fraude en la obra pública al cederla al empresario Lázaro Báez.
Pero no son los únicos magistrados y muchos más se sumaron a la lista de denuncias, entre ellos algunos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal quienes deben revisar ese caso.
Hasta ahora, se sabe que desde el mismo IMEI se hackeo también el teléfono de esos magistrados así como el del ex ministro. .
