El empresario, quien firma la misiva como «Gerardo Berra», afirmó también que tiene «intención» de someterse al proceso judicial, pese a que actualmente reviste la condición de prófugo y tiene pedido de captura nacional e internacional.
«Existe disposición de esta parte de poder solucionar los conflictos que hubieren podido suscitarse con los presuntos damnificados», escribió textualmente el imputado.
En el mismo orden, anunció: «Reitero mi intención de someterme a proceso y acreditar mi inocencia concurriendo ante cualquier llamado de V.S. y/o de la fiscalía actuante, desbaratando cualquier tipo de presunción de contumacia».
Berra Rojo designó al abogado Fernando Sicilia como su defensor, quien apeló la decisión de la jueza María Fabiana Galletti de rechazar su pedido de exención de prisión.
El empresario formuló ese pedido con una justificación: «Para ejercer mi derecho de defensa en libertad, conforme la norma prevista en el artículo 280 del Código Procesal Penal y los tratados internacionales que rigen la materia».
El artículo 280 establece que «la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley.
El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados».
Berra Rojo registra una salida del país el 9 de abril pasado y no hay constancias en Migraciones de que haya regresado.
La jueza Galletti sostuvo que «los hechos atribuidos lo ubican como presunto responsable de al menos 1967 estafas, cuyo concurso real eleva la expectativa de pena al máximo previsto de 50 años de prisión».
