El planteo fue formulado por Paula Castillejo Arias y Víctor Castillejo Rivero, quienes, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio por el Derecho Informático Argentino (ODIA), promovieron una acción de amparo contra el sistema de reconocimiento por datos biométricos.
Se trata de la causa en la que objetan que el sistema estaba previsto para la búsqueda de unos 40 mil prófugos, pero obtuvo datos de unas diez millones de personas, entre ellas políticos, dirigentes sociales y gremiales, personajes de la farándula y deportistas.
«El TSJ ha decidido correr traslado de los recursos presentados por el CELS, ODIA y por mis representados. Es bien sabido que la Corte ha entendido en numerosas oportunidades que la interposición del recurso extraordinario federal suspende la ejecución de la sentencia hasta tanto el tribunal se pronuncie con respecto a su concesión o denegación», explicaron los abogados de los amparistas.
Según esa postura, la apelación contra el apartamiento del juez Gallardo debería quedar en suspenso hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual entendieron que el magistrado debería retomar la tramitación del expediente.
La causa está actualmente en manos de la jueza Elena Liberatori, a quien también el Gobierno de la Ciudad le pidió el apartamiento.
«Debería remitirse el expediente al Juez Natural de la causa y declarar abstracto los recursos intentados que solo tienen como objetivo retrasar el progreso de la causa», resumió el escrito.
