Así se lo hizo saber la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio al oficialismo en un comunicado que nada tuvo de subliminal. .
«Mientras siga este atropello contra la Corte Suprema de Justicia no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos», publicaron en el documento, luego del zoom de las máximas autoridades de la alianza opositora que se desarrolló ayer. Las advertencias fueron debidamente presentadas.
La decisión del Gobierno de jugar a fondo la carta del juicio político, más allá de la validez de sus argumentos, es una apuesta de extremo riesgo, porque sabe que de recorrer ese camino dinamitará cualquier posibilidad de diálogo para consensuar un temario económico, que incluiría no solamente el blanqueo de capitales, sino además la prórroga de la moratoria previsional, la suba de impuestos, la reforma del INDEC, y la ley de persecución del lavado de activos.
Ese es el dilema que hoy atraviesa al Frente de Todos. Si se mira por el espejo retrovisor, los antecedentes no son buenos.
Cuando el 1 de diciembre pasado, el oficialismo metió por la ventana en el temario de la convocatoria al recinto la ley de alquileres, a sabiendas de que la oposición no tenía número para bajar a las bancas con posibilidades concretas, Juntos por el Cambio hizo caer la sesión en medio de un clima convulso.
A partir de allí, se polarizaron aún más los ánimos y la oposición perdió la confianza en la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
El anuncio del Gobierno de que no cumpliría el fallo de la Corte para que Nación devuelve fondos coparticipables a la Ciudad escaló el conflicto y la hostilidad recíproca.
La arremetida oficialista contra la Corte Suprema, órgano que Juntos por el Cambio defenderá a capa y espada, solo redundará en la profundización de la grieta, ya que el Frente de Todos no está ni por asomo cerca de la mayoría calificada de dos tercios de los votos necesaria para remover e inhabilitar de por vida a los cuatro magistrados del supremo tribunal de Justicia.
El único «beneficio» para el oficialismo, si es posible verlo de esa manera, sería tener la posibilidad de exhibir a cielo abierto durante meses la construcción de lo que consideran «la mafia» judicial, mostrando a la opinión pública los nexos espurios que la Corte mantuvo con operadores del macrismo y del larretismo, tal como salió a relucir en las filtraciones de chats.
Mientras se termina de pulir este escenario, desde el Palacio de Hacienda se lamentan porque consideran que de esa forma se dilapida la oportunidad de avanzar con leyes importantes.
El programa de blanqueo («Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado) con el que se busca acumular reservas aparece en el primer renglón, pero la lista es abundante.
La moratoria previsional para que cerca de 800.000 personas en edad jubilatoria que no llegan con los años de aportes puedan jubilarse es uno de los grandes pendientes del 2021 que iban a tratarse este verano en extraordinarias.
También la suba de impuestos al juego online y de un impuesto a los bancos para fondear el incremento en la coparticipación para la Ciudad que dispuso la Corte en su fallo. .
Por otro lado, Massa se había comprometido con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a reformar la ley Antilavado para que Argentina pueda seguir siendo parte de esa entidad internacional.
Si la iniciativa queda trabada en el Congreso, el ministro tendrá que dar explicaciones.
En carpeta también figuran proyectos del Poder Ejecutivo para promover el desarrollo de Hidrógeno Verde y para estimular la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), con Vaca Muerta en el centro de la escena.
La Ley de Agroindustria tiene dictamen con estado parlamentario, pero nunca pudo avanzar y se esperaba que pudiera hacerlo en sesiones extraordinarias.
Existe otra iniciativa que podría ser incorporada en sesiones extraordinarias que consiste en que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera.
Esta semana, además, Massa anunció un nuevo proyecto de reforma del INDEC para que el organismo sea más autónomo y descentralizado, y que designe a sus autoridades con aval del Congreso.
