El viernes, cuando algunos diputados del Frente de Todos ya estaban en viaje hacia Buenos Aires para alistarse para la sesión, hubo una contramarcha y se supo que el recinto iba a estar cerrado esta semana.
¿Qué ocurrió? El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, decidió aguardar al menos una semana más para intentar destrabar en conversaciones con la oposición el tratamiento de la Ley de «presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo».
La sencilla razón por la cual el oficialismo no puede avanzar por su cuenta con la Ley de Envases es que no tiene garantizado el quórum para abrir la sesión, ya que hasta ahora no conseguiría la colaboración de ningún bloque opositor a excepción del Frente de Izquierda, que cuenta con tan sólo dos legisladores.
No solamente la ley despierta el rechazo unánime de Juntos por el Cambio sino que tampoco adhieren bloques y monobloques provinciales que tradicionalmente se prestaban al oficialismo para el quórum.
¿Cuál es el nudo que traba el acuerdo? Sin dudas, la tasa ambiental que deberían pagar los productores responsables de productos con envases no reciclables, con un techo del 3% (la tasa varía en función del material del envase).
El proyecto tiene como base la asignación de una responsabilidad social extendida al productor que introducen en el mercado envases no reciclables que generan no solamente un impacto ambiental sino además un costo una vez que es desechado por el consumidor.
Ese costo es asumido actualmente por el Estado que contrata empresas para el reciclado de basura, generando así un negocio en el sector privado.
Y aquello que no puede reciclarse por falta de capacidad normalmente termina en basurales a cielo abierto que son altamente perjudiciales para el medio ambiente y para la población que vive en las inmediaciones.
Lo recaudado tendría como destino el fortalecer y crear nuevos centros de reciclado operados por cooperativas sociales de «cartoneros» (o recuperadores urbanos) en los distintos municipios, creando miles de puestos de trabajo, aunque el objetivo real de la iniciativa es desincentivar a las empresas a que lancen al mercado productos con envases no reciclables para de este modo contribuir a una cultura de la producción no contaminante.
Para Juntos por el Cambio, la tasa ambiental es «un impuesto encubierto», y de hecho el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, organizó una audiencia pública no oficial con empresarios para juntar masa crítica en contra del proyecto.
El encuentro, seguido con interés por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otras entidades que activaron fuertemente el lobby desde que la iniciativa recibió dictamen de las comisiones intervinientes, tuvo como participantes a los jefes de los dos bloques mayoritarios de la oposición en Diputados, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), pero además fue expositora Graciela Camaño (Consenso Federal).
El argumento de todos ellos es que ese «impuesto disfrazado» para a ser trasladado a los consumidores a través de los precios, generando un efecto inflacionario.
Desde el Frente de Todos en particular y los partidarios de la Ley de Envases en general desmienten la idea de que haya un traslado a precios y acusan a la oposición de reproducir el actual sistema que busca hacer cargo a los consumidores del problema de la contaminación en lugar de poner el acento en la responsabilidad de las empresas productoras.
«La lógica liberal es responsabilizar al consumidor sobre los envases, separando la basura, etc. Pero es una contribución individual que no resuelve el problema», argumentó la diputada kirchnerista Florencia Lampreabe días atrás.
