En la continuidad de la audiencia oral pedida para tratar las nulidades de la causa que se inició con la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, Zannini y Parrilli reclamaron el anticipado fin de la investigación antes de su pase a la etapa de juicio.
Las querellas particulares (dos familiares de víctimas del atentado contra la AMIA) y la representación orgánica de la DAIA, no estuvieron presentes en la audiencia, que se realizó por la plataforma virtual Zoom.
Zannini calificó a la causa como un «disparate farsesco» construido sobre la base de «un libreto venido de afuera del Poder Judicial» pero que contó con la complicidad de un sector de la Justicia y una «fenomenal e impresionante campaña de los medios de comunicación dominantes».
Una de las principales razones del pedido de nulidad es la sucesión de reuniones que los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes resolvieron la reapertura de la Causa Memorando, sostuvieron en fechas concomitantes con esa determinación con el ex presidente Mauricio Macri.
Zannini aludió directamente a «políticos y miembros de la justicia que participaban en maniobras que hoy salen a la luz» y recordó que ello ocurría en «los tiempos de la visita de (el juez brasileño Sergio) Moro» a quien atribuyó «la proscripción de Lula».
Moro visitó la Argentina y se exhibió públicamente con el entonces presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y con el difunto juez Claudio Bonadio, quien finalmente instruyó la Causa Memorando y procesó –entre otros- a Cristina Fernández de Kirchner por «traición a la patria».
Zannini admitió que Borinsky y Macri pudieron haberse reunido «para jugar al tenis», pero contrapuso que aquellos encuentros no fueron solamente deportivos: «Hoy hay pruebas de que amañaron la causa y decidieron qué juez debía intervenir».
El objetivo de aquella supuesta maniobra, añadió el procurador del Tesoro, fue «proscribir a Cristina y criminalizar a sus funcionarios», lo que derivó –entre otras situaciones- en la muerte del ex canciller Héctor Timerman, a quien definió como «mi amigo».
Zannini denunció un «apagón institucional» entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos, pero advirtió que ello «no hubiera sido posible sin la debilidad y perversión de unos pocos, pero estratégicamente ubicados, miembros del Poder judicial».
El senador Parrilli recogió esa expresión y la completó: «hay jueces, fiscales, empleados judiciales, abogados, que tienen en su mente y en sus corazones la intención de aplicar el derecho, a todos por igual, de no encarcelar a nadie si no existen las pruebas».
Son, dijo, actores del derecho «que no admiten las interferencias» exógenas.
«Les pido a los miembros del tribunal que piensen en ellos. Hay muchos que los están mirando a ustedes para ver si alguna vez a justicia puede ser mirada por nuestro pueblo no como una amenaza sino como una solución a sus conflicto, a sus derechos y a los problemas que la vida cotidiana nos causa», exhortó.
Durante la audiencia de hoy también expusieron los abogados defensores Mariano Fragueiro Frías, Aníbal Ibarra, Eduardo Barcesat y Alejandro Rúa, todos coincidentes en pedirle al tribunal nulidades de actos procesales del expediente que, en caso de ser aceptados, marcarán inevitablemente su final anticipado.
El tribunal oral, integrado por los jueces Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 11 de agosto, cuando retomará las exposiciones con el alegato del abogado Fernando Burlando.
