El juez federal Javier Anzoátegui deberá defenderse ante el Consejo de la Magistratura en las próximas semanas por su actuación al frente de la causa que investiga la muerte de Débora Pérez Volpin.
El titular del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 8 fue denunciado por la familia de la periodista y legisladora porteña por supuesto mal desempeño en sus funciones por haber retrasado la fecha de inicio del juicio contra los médicos que realizaron la operación en la que falleció la mujer.
La Comisión de Disciplina y Acusación del organismo judicial le informará a Anzoátegui que tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar pruebas que acrediten su correcto trabajo en el manejo de este expediente.
Además, el acusado podrá proponer a testigos que avalen su labor en la causa, realizar un descargo por escrito y designar a su defensor oficial.
La denuncia que presentó la familia de Pérez Volpin en el Consejo de la Magistratura recayó en el consejero Juan Manuel Culotta, representante de los jueces federales.
La presentación contó con el apoyo de legisladores porteños y nacionales y también del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Puntualmente, se lo acusa a Anzoátegui de haber dilatado el comienzo del juicio, que comenzó el 16 de julio, poco tiempo antes de que empiece la feria judicial de invierno (del 22 de julio al 2 de agosto).
En este sentido, el abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota, consideró que el magistrado le estaba «tomando el pelo» a sus defendidos.
«Se está buscando correr el eje del caso, ya que estamos discutiendo cuestiones procesales. Esta nueva medida es una falta de respeto del Tribunal hacia la familia de Débora, porque el juez ya había postergado el inicio del juicio que estaba previsto inicialmente para el 10 de junio», explicó el letrado en declaraciones al programa Arriba Argentinos, que solía conducir la periodista fallecida.
