Mediante la Resolución General 7/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo conducido por Daniel Roque Vitolo dio de baja la Resolución General 22/2020.
Esa norma habilitaba a la IGJ a coordinar con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad «la obtención de información sobre la existencia de operaciones de constitución de derechos reales sobre inmuebles, tales como adquisiciones de dominio y constitución o cesión de hipotecas, en las cuales los adquirentes, acreedores o cesionarios, a título pleno o fiduciario, sean Sociedades por Acciones Simplificadas inscriptas en el Registro Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquier Registro Público de jurisdicción provincial».
La norma buscaba evitar que las SAS fuera utilizadas irregularmente como una pantalla para lavar dinero.
Las actuales autoridades de la IGJ consideraron que la medida derogada «incurre en una postura sesgada en detrimento de un tipo social concreto».
