La extensa lista incluye a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Florencia y Máximo Kirchner, Sergio Massa, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Eduardo «Wado» De Pedro, Aníbal Fernández, Juan Grabois, Javier Milei, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, José Luis Espert, Eduardo Belliboni y Sergio Berni.
Entre los funcionarios judiciales, aparecen el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el ex presidente de la Cámara de Casación Alejandro Slokar, el camarista Roberto Boico, la fiscal de la causa Correo Argentino, Gabriela Boquín, la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de CABA, Inés Weinberg, y Raúl Zaffaroni.
También, el jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández, el policía de la Ciudad desaparecido hace más de cuatro años, Arshak Karhanyan, y otros dirigentes políticos y de derechos humanos como la fallecida Hebe de Bonafini, Andrés Larroque, Ricardo López Murphy, Facundo Manes, Gerardo Morales, Pablo Moyano, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
La lista es incompleta, puesto que la PIA detectó que, con el sistema de reconocimiento facial previsto para buscar a unos 40 mil prófugos, se efectuaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires unas diez millones de búsquedas que no encuentran justificación judicial alguna.
Las consultas fueron realizadas so pretexto de un convenio firmado entre el Gobierno porteño y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), cuando el Presidente de la Nación era Mauricio Macri y el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D ´Alessandro.
Según lo establecido en ese convenio, la Ciudad «sólo podía efectuar consultas cuando desarrolle tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y durante la etapa de prevención e investigación de delitos de acción pública».
Anoche, en la TV Pública, la ex jueza federal de Zapala y subrogante de Bariloche Silvina Domínguez –hoy jubilada- y el defensor oficial Pablo Marcovit, confirmaron que ellos también recibieron la notificación de la PIA sobre la presunta intromisión en su intimidad.
Marcovit tuvo a su cargo investigaciones por delitos ambientales en la Patagonia y, para la época de los accesos a sus datos, se postulaba como candidato a camarista federal de General Roca.
Domínguez tuvo a su cargo múltiples expedientes vinculados con la comunidad mapuche, dispuso la prisión preventiva de un grupo de mujeres de esa etnia, pero también le ordenó al Estado Nacional que cediera terrenos en los alrededores de Bariloche y los escriturara a nombre de la representación de los pueblos originarios.
Además, tuvo durante algunos meses la investigación por el viaje de jueces y fiscales al Lago Escondido por una presunta invitación de un grupo empresario.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez consideró, tras una investigación de oficio, que «el acceso/consultas a la base de datos del RENAPER por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados por lo que podría calificárselos de ilegales».
