En un fallo unipersonal, el juez Mariano Borinsky consideró que el «lavado» es un delito autónomo, que debe ser juzgado de manera independiente del «delito precedente», que originó el dinero y los bienes ilegales a los que se busca darles apariencia de legalidad.
Borinsky coincidió con el dictamen del fiscal Mario Villar y asignó la Causa Gotti –cuyo principal imputado es el financista Ernesto Clarens- al Tribunal Oral Federal número cinco.
Ese tribunal está integrado por los jueces Daniel Obligado, Fernando Canero y Adriana Palliotti.
En ese expediente se investiga si el Grupo Gotti, dedicado a la construcción y contratista de obra pública, lavó fondos del empresario Lázaro Báez y Austral Construcciones provenientes de la asignación de obra pública.
La obra pública de Santa Cruz -que está siendo juzgada por el tribunal oral federal número dos y tiene a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al propio Báez-, es el «delito precedente» generador del dinero que supuestamente se «lavó» a través de Gotti Hnos.
Los jueces del Tribunal número cinco sostenían que los mismos jueces que están juzgando la Causa Obra Pública de Santa Cruz, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, debían celebrar también el juicio oral por el supuesto lavado de esos fondos obtenidos de manera presuntamente ilegal.
